miércoles, 2 de agosto de 2017

Comunicado Público - Solidaridad con las justas reivindicaciones de la Mesa Minera

Cahucopana se solidariza con los mineros urbanos del Nordeste Antioqueño

Desde el pasado 21 de julio, doce mil personas entre los que se encuentran campesinos, mineros, indígenas y familias que subsisten de la extracción minera de la región, dieron inicio a un paro convocado por la Mesa Minera de carácter indefinido y pacífico, con el objetivo de exigir garantías y condiciones a los pequeños mineros que, ante los permisos ya otorgados, con títulos mineros a la multinacional, han sido advertidos que en próximos meses, bajo amparos administrativos, serán cerradas las minas y entables de los dos municipios que no tengan los permisos para trabajar.

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, Cahucopana, como organización defensora de derechos humanos que desde hace más de 12 años acompaña las comunidades mineras y campesinas de los municipios de Remedios y Segovia, rechaza enfáticamente el tratamiento dado por la fuerza pública a los manifestantes que llevan 12 días en cese de actividades en dichos municipios y se solidariza con las justas reivindicaciones de los mineros urbanos organizados en la Mesa Minera.  

En menos de un año los trabajadores han hecho uso de este mecanismo para buscar llamar la atención debido a la persecución contra los mineros tradicionales, manifestados en una serie de decretos y leyes que restringen su labor y mantienen el modelo económico imperante, en este caso de la empresa multinacional Gran Colombia Gold, quien  por medio de contratos irregulares pretende quedarse con una alta suma de ganancias con la idea de tener el monopolio del comercio del oro, vulnerando así los derechos laborales de los mineros que trabajan para la empresa.

De otro lado, los mineros artesanales y pequeños mineros que viven en las zonas rurales no son ajenos a esta problemática de despojo. Recordemos que en el mes de marzo del presente año, la fuerza pública realizó una serie de operativos en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio de Remedios, con la supuesta excusa de querer desmantelar las finanzas de los grupos insurgentes, acciones que dejaron como resultado varias detenciones arbitrarias, la quema de tres retroexcavadoras y quince dragas, además de una serie de allanamientos de viviendas sin orden judicial y más de un centenar de familias sin sustento económico. Estos hechos conllevaron a que la comunidad se declarara en un plantón permanente, donde, como Corporación insistimos en la construcción de una ruta, una política pública para la formalización de la explotación de  pequeña minería que se practica en la región, solicitudes que a la fecha no han tenido ninguna solución por parte de las autoridades departamentales ni municipales.

La criminalización de la protesta se ve expresada en el trato dado por parte de los entes gubernamentales, en lo que va del paro se ha informado la movilización hacia la zona de más de 500 hombres entre policías y Ejército, cuatro unidades del Escuadrón Móvil Anti Disturbios – ESMAD, 240 uniformados de prevención, toques de queda, en medio de señalamientos a los dirigentes de la protesta y la vinculación de la misma a actores armados ilegales.

Frente a este panorama y sintiéndose recogidos en exigencias de los mineros concentrados en el casco urbano, las comunidades de las zonas rurales de las veredas: Rancho Quemado, de la vereda el Carmen, Carrizal, Altos de Manilas y Mina Nueva de la vereda Panamá Nueve del municipio de Remedios y los indígenas del Resguardo Tagual la Pó (Segovia) se solidarizaron manifestando su vinculación al paro por decisión autónoma.
Con la zona militarizada, la multinacional denunció presuntas amenazas a trabajadores que continuaron con sus labores, mientras la Mesa Minera denunció amenazas contra algunos de sus líderes. Durante casi diez días el paro se mantuvo pacífico, pero en el transcurso del día 31 de julio, el ESMAD arremetió contra la población que se encontraba concentrada en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, provocando la reacción de los manifestantes.

La información de la Mesa Minera confirma que se generó por parte de la fuerza pública un exceso de la fuerza ya que en medio de la manifestación hubo uso de armas de fuego; denuncian la infracción al Derecho Internacional Humanitario por parte de los agentes del ESMAD quienes se metieron de manera arbitraria en el Hospital San Juan de Dios en Segovia, desde donde lanzaban gases lacrimógenos y hacían disparos hacia los manifestantes; así mismo la violación a los derechos humanos, entre ellos los de los niños que quedaron atrapados en medio de gases lacrimógenos en el colegio Ignacio Yepes Yepes de Remedios. 

Hasta el momento el reporte parcial de heridos y lesionados es: en el municipio de Remedios 17 heridos, de los cuales 8 tiene heridas de gravedad y fueron remitidos a la ciudad de Medellín, y en el municipio de Segovia se reportan 7 personas heridas por arma de fuego y 11 con heridas leves, dentro de estas se encuentra el caso de una persona con amputación de una de sus manos a causa de un disparo y herida por proyectil en el abdomen.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al diálogo y la concertación entre las autoridades departamentales y municipales, los manifestantes y representantes de la empresa para llegar a acuerdos respetando los derechos laborales de los mineros y los derechos humanos de las comunidades; además de ello, exigir el respeto por parte de la fuerza pública frente al uso desmedido dado a los manifestantes, recordando su deber de mantener el orden sin violar los derechos humanos ni infringir el Derecho Internacional Humanitario. 

CAHUCOPANA, convoca a la comunidad nacional e Internacional, a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y a la comunidad en general, para estar atentos, acompañar y denunciar de manera permanente y oportuna, los graves atropellos de que están siendo objeto las comunidades mineras de Remedios y Segovia. 


Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño, 2 de agosto de 2017
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miércoles, 5 de julio de 2017

Carta abierta a Luis Pérez - Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz territorial

Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz territorial

Señor gobernador, doctor Luis Pérez:

Lamentamos mucho las afirmaciones que realizó en la rueda de prensa del pasado 27 de junio en el marco del Consejo de Seguridad [1] sobre el proceso de implementación en el departamento de Antioquia. Ese mismo día, mientras las comunidades celebramos el nuevo paso hacia el fin del conflicto con la dejación de las armas FARC-EP, la gobernación de la cual esperábamos fuese principal promotor de la implementación, la vimos distante, descoordinada, contradictoria y ajena de las acciones que se llevan a cabo desde el nivel nacional por el gobierno y las FARC, y desde nivel territorial desde las organizaciones y comunidades, financiadas y acompañadas por la comunidad internacional. Qué afirmaciones tan desacertadas.

En primer lugar, porque se evidencia que desconoce totalmente el contenido del Acuerdo Final, las acciones que se venían implementando incluso antes de la firma final, las instancias creadas de seguimiento a la implementación y las formas de veeduría. Por ejemplo, las aseveraciones frente a los planes de sustitución que se han venido implementando en el municipio de Briceño, articulados al desminado y que está siendo asesorado desde organizaciones internacionales. La sustitución incluye un asesoramiento en la implementación de los proyectos productivos de las familias que, obviamente, son proyectos de cultivos lícitos. Es irrespetuoso hasta con la comunidad internacional insinuar que, a pesar de estos esfuerzos, las familias beneficiarias van a desviar los recursos de la sustitución en cosas ilegales. Además, no entendemos por qué plantea “…Briceño, para la gobernación, sigue siendo un territorio muy sospechoso”. Desde cuándo, ¿cómo y por qué los territorios son sospechosos? Esta afirmación la hace bajo el argumento de que la gobernación de Antioquia no ha sido tenida en cuenta en la implementación, pero más adelante plantea que ha hecho recomendaciones a Sergio Jaramillo y al presidente en otros aspectos. Al fin qué, ¿sí se articula la gobernación con el nivel central, o no lo está haciendo?

En segundo lugar, plantea que milicianos de las FARC continúan delinquiendo en los territorios, partiendo de un supuesto y es que la gobernación no conoce los listados de milicianos ni la totalidad de estas personas. Le recordamos que tanto la ONU como la Registraduría han llevado a cabo procesos de identificación y cedulación de las personas de las FARC, consolidando los listados que estarán en todo el proceso de reincorporación y que deben pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que además incluye a los miembros armados y milicianos, los cuales en la actualidad tienen la obligación de respetar la normatividad legal vigente, al estar en proceso de reincorporación. Si tiene información sobre acciones ilegales de estas personas, si tiene las evidencias y quejas ciudadanas, que según afirma, señalan “donde están todavía trabajando y movilizándose en el tema de coca”, lo invitamos a que, en cambio de deslegitimar el proceso de implementación en nuestros territorios, realice formalmente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, el secretario de la JEP, la CSIVI, y el CNR, para que se tomen las acciones pertinentes frente a estos hechos.

En tercer lugar, no estamos de acuerdo en que públicamente haga afirmaciones tendenciosas que se convierten en herramientas, en armas por medio de la palabra, para deslegitimar y desvirtuar un proceso que ha iniciado y del cual esperamos culmine exitosamente con la implementación integral del Acuerdo Final. Por ejemplo, señalar que las zonas veredales fueron ubicadas estratégicamente en las rutas ilegales de comercialización, insinúa que el propósito de las FARC es continuar con actividades ilegales e ilícitas. Esto pone en duda la palabra de las FARC y desconoce los esfuerzos que están realizando, por ejemplo, con los proyectos productivos que se están implementando en las mismas zonas. Estas actividades las conoce el Estado y son acompañadas por diferentes instituciones que hemos visto llegar, por fin, a nuestros territorios. Así mismo, proponer instalar dentro de las Zonas Veredales batallones del Ejército y estaciones de policía, evidencia aún más su desconocimiento frente a dos cosas: por un lado, del Acuerdo y de los protocolos establecidos para la dejación de armas y la reincorporación; por el otro, que a pesar que se ha dado la militarización de los territorios, en el último año y medio han ido en aumento las violaciones de derechos humanos y se ha producido desplazamientos internos.

Nos gustaría mucho que fuese igual de vehemente contra los grupos paramilitares que están constriñendo y amenazando a las comunidades, que fuera tan atento con los casos de investigación de nuestros líderes asesinados y amenazados, que se pronunciara más en la inversión social y menos en la militarización de la vida, más aún en nuestros territorios donde no hemos tenido respuesta de una ruta, una política pública clara para la formalización de la pequeña minería. Por ello cuando usted plantea que las vicealcaldías van a INVESTIGAR, tememos que los funcionarios terminen investigando a los pequeños mineros y, en cambio de garantizar la permanencia en los territorios, se fomente el despojo legalizado por sus acciones.

Hablar desde la capital del departamento en una cómoda silla y sin preocuparse porque en cualquier momento lleguen armados a asesinarlo a usted y su familia sin poder comunicar esto a nadie, es muy fácil. Pero vivir en nuestros territorios, territorios llenos de incertidumbre en los que SÍ llegan los helicópteros (al contrario de lo que usted plantea) no con acciones sociales para las comunidades, sino como parte de operativos militares contra nuestras economías, hace que tengamos la legitimidad de exigir el respeto a la implementación de los Acuerdos como forma de alcanzar la paz territorial.

Le recordamos que es obligación del Estado hacer presencia en los territorios, no solamente con presencia de la fuerza pública, y el Acuerdo brinda las formas y oportunidades para que esto suceda, para que el Estado llegue de manera integral haciendo efectivo todos los derechos. Para nuestras comunidades una casa de la cultura donde nunca ha habido una sí tiene sentido (nuevamente al contrario de lo que usted plantea), y tiene mucho sentido, porque involucrar a nuestros jóvenes en actividades deportivas y culturales ha sido parte de la alternativa para la prevención del reclutamiento, en medio de un contexto donde la falta de oportunidades en la educación y el trabajo hace más vulnerables y fácil de reclutar a nuestros jóvenes, cuestión que están aprovechando los ilegales que han llegado a nuestro territorio.

Tal vez si conociera esta Antioquia profunda, tal vez, sería más conciente de lo que realmente necesitamos en nuestros territorios y lo que realmente sucede en ellos. Participamos activamente en la construcción del Acuerdo Final en los espacios que se abrieron y creemos que es una oportunidad que no podemos dejar de pasar, por eso lo invitamos a que se lea el acuerdo y se acerque a las entidades nacionales y territoriales que abanderan los procesos de implementación. Por ahora Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz.

Cordialmente,
Corporación Cahucopana





jueves, 29 de junio de 2017

Entrada de la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo: hecho histórico que alimenta esperanzas

Entrada de la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo: hecho histórico que alimenta esperanzas

Vereda Cañaveral. Foto: Cahucopana

El pasado 14 de junio, funcionarios de la recién creada Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de los grupos paramilitares, creada por el Decreto 898 emitido el 29 de mayo de 2017, llegó por primera vez a la zona rural de Remedios (Antioquia), territorio que en muchas ocasiones ha sido reconocido por el frecuente accionar del paramilitarismo. El objetivo de esta visita fue recolectar las denuncias de los delegados de las Juntas de Acción Comunal y víctimas de hechos recientes, que han evidenciado el fortalecimiento de estas estructuras en la región. Las comunidades del Nordeste Antioqueño están a la expectativa de los alcances que tenga esta Unidad.

Recordamos que, según el acuerdo, el mandato de esta Unidad “(…) será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática en particular contra las mujeres, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Dichas conductas no pueden ser analizadas abstraídas de las realidades e intereses sobre los territorios. Entonces se hace necesario observar a los actores que aquí históricamente se han encontrado. Por un lado, las empresas legalmente constituidas que tienen el monopolio legal de la explotación aurífera, a pesar de las inconsistencias en seguridad, protección ambiental, y vulneración de los derechos de los trabajadores, entre otros; y las comunidades que, a pesar de los intentos de desplazamiento y despojo, han resistido y son defensores de la permanencia en el territorio el cual llevan colonizando desde hace más de medio siglo.

Nos hubiera gustado difundir y socializar más ampliamente esta visita por la connotación en términos del avance en los territorios de la implementación de los acuerdos, pero tememos por las represalias contra nuestras comunidades, así como las que se puedan dar contra los mismos funcionarios de la Unidad. Aun así las comunidades y Cahucopana ven esta entrada, la primera, como un hecho histórico que alimenta las esperanza.

Saludamos los esfuerzos institucionales y el apoyo internacional a esta Unidad, esperamos el fortalecimiento de la misma en función de la investigación, esclarecimiento y sanción, especialmente a quienes promueven y financian dichas estructuras, en función de los intereses económicos particulares que hay sobre las riquezas que aquí se hallan y para la protección de quienes históricamente han defendido el territorio. Identificar esto hace parte de las garantías de no repetición y de la construcción de la paz territorial.