miércoles, 8 de marzo de 2017

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer

En el Nordeste antioqueño con entusiasmo y sonrisas avanzamos por los derechos de la mujer


 
Mujeres del Equipo Femenino de Acción Humanitaria, vereda Plaza Nueva

Hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, acontecimiento que ha tenido a lo largo de su historia múltiples significados, unos con tintes políticos, otros familiares y en la historia reciente, unos más comerciales. La Corporación CAHUCOPANA, organización campesina defensora de los Derechos Humanos, quiere aprovechar la ocasión para rendir homenaje a aquellas mujeres luchadoras que han sido parte activa de la construcción de la organización política de las mujeres de la subregión del Nordeste Antioqueño y que, con su sabiduría y constancia, han resistido en el territorio, fortaleciendo el tejido social necesario para defender los derechos humanos y, desde los Equipos Femeninos de Acción Humanitaria, para promover y generar conciencia sobre los derechos de la mujer.


 
Equipo de fútbol sala femenino, vereda Lejanías

Las mujeres han sido pilares fundamentales de la territorialidad y la cohesión de las comunidades, aunque sus derechos no hayan sido reconocidos por compañeros y líderes comunitarios. Desde el hogar, la parcela y las Juntas de Acción Comunal, ha habido mujeres que se han destacado por su liderazgo, apoyo organizativo y su capacidad de motivar y movilizar a las comunidades en pro de sus derechos. En medio de ideas y prácticas machistas, reproducidas por ambos sexos, las lideresas han destacado por sus convicciones y disposición para enfrentar los retos propios de la organización social en Colombia que, para el sexo femenino, trae unas cargas extras debido a la cultura machista y el sistema patriarcal que todavía es la regla en los territorios rurales. Por su valor, pensamiento y acción, recordamos hoy a:

Doña Fanny, cofundadora de CAHUCOPANA en el año 2004 y primera presidenta de la Corporación, miembro actual del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Dos Quebradas.


Doña Libia, fundadora de la vereda Camelias II, lideresa comunitaria y presidenta del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la misma vereda.

Doña Carmen, socia actual de CAHUCOPANA, lideresa comunitaria y miembro actual del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Dos Quebradas, en el cual desempeñó de manera ejemplar el cargo de presidenta durante 4 años.


Nos reunimos porque es la mejor manera de nosotros visibilizar nuestro sufrimiento, todos los atropellos que nos han hecho en nuestras regiones, porque visibilizando yo creo que vamos a lograr lo que buscamos que es la paz”.

Doralba Valbuena, conocida de manera cariñosa como La Gata, miembro actual del Equipo Femenino de Acción Humanitaria de la vereda Lejanías, cantautora de la región y lideresa comunitaria.



     

Yo le aporto con todo mi corazón de cantante hacia la paz, porque siento un cariño por todos mis campesinos y por ellos yo entrego la vida”. 

El compromiso de las mujeres es la organización y la participación política para avanzar en la consolidación de nuestras aspiraciones, la construcción de paz territorial y la real garantía de nuestros derechos. Este 8 de marzo, reivindicamos a las lideresas, campesinas y mineras, rurales y urbanas, que en memoria de las luchadoras ancestrales y con el horizonte claro de justicia, continuamos en la resistencia incesante contra el machismo, contra el patriarcado y contra las estructuras e ideas que subvaloran a las mujeres y que oprimen al pueblo colombiano.


 Equipo Femenino de Acción Humanitaria, vereda Caño Tigre






 Fotos y frases tomadas de la Agencia Prensa Rural 

martes, 7 de marzo de 2017

Comunidades mineras de Antioquia concentradas indefinidamente a la entrada de ZVTN de Carrizal

Comunidades mineras de Antioquia concentradas indefinidamente a la entrada de ZVTN de Carrizal


Tras las operaciones militares adelantadas contra la minería informal en el sur de Bolívar y Antioquia, las comunidades de Remedios y Segovia, desde el día 6 de marzo se encuentran en un plantón indefinido como expresión de rechazo ante los constantes incumplimientos por parte de las autoridades municipales, departamentales y el gobierno nacional, quienes se habían comprometido en buscar alternativas, de manera concertada, que llevaran al cese de la persecución, estigmatización y criminalización de la labor minera, y el inicio de procesos de formalización de las minas que se encuentran en producción.  

Particularmente en la reunión adelantada el 14 de agosto del 2016, en donde estuvo presente el gobierno nacional representado allí, por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía municipal de Remedios y Segovia, y representantes de las FARC, se ratificó el compromiso por parte del gobierno de no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), lo cual no se ha cumplido y en cambio de ello, el pasado 2 de marzo se irrumpió de manera violenta en lugares donde se práctica esta economía acabando con el único sustento de más de ochocientas familias que viven de la extracción de oro.

Es por ello que alrededor de 600 personas, de las veredas: Lejanías, Carrizal, Piñal, Panamá Nueve, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Puna, Santa Marta, La  Cristalina, Ojos Claros, Tamar Alto, entre otras, se encuentran concentradas en la vía que comunica a la ZVTN ubicada en la vereda Carrizal, esto como única salida para exigir el acatamiento de lo acordado, se brinden las garantías para la población minero campesina y se respeten los derechos de dicha comunidad.

Ante la incertidumbre que generan los operativos en la zona:

Hacemos un llamado al gobierno nacional y a las FARC-EP para que entiendan que dichas acciones no pretenden torpedear el proceso de adecuación de la Zona Veredal ni la dejación de armas, por el contrario creemos necesario y urgente que el Mecanismo Tripartito sea garante de que las acciones del gobierno hacia las comunidades no sean violentas, difamatorias e impliquen el aumento de riesgo a las mismas, sino que correspondan a contribuir al desarrollo regional, a la implementación de proyectos y programas que muestren esto, al inicio de la construcción de los Programas de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PEDET´s), lo que implica reconocer las prácticas mineras históricas que se han dado en la región.

Consideramos que, el hecho de que las operaciones involucren un señalamiento de conexidad con el ELN, tal como lo difundieron los medios de comunicación y ante el contexto de aumento de violencia en los cascos urbanos de Segovia y Remedios, tal como lo expone el Informe de Riesgo del SAT en 2016, se estaría incurriendo en la violación de las reglas que rigen el cese en el punto 6 y 15 de los compromisos que adquiere el gobierno nacional y las FARC -EP del protocolo del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas (CFHBD).

“El Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a NO realizar en virtud del presente Acuerdo las siguientes acciones:

6. Utilizar lenguaje difamatorio por cualquier medio 
15. Afectar los derechos y libertades de la población civil.”

Para el caso de la vereda Lejanías concretamente, genera prevenciones en futuras apariciones de los helicópteros en la zona ya que no se tendría certeza si los helicópteros estén en función de la zona veredal o hacen parte de un operativo militar contra la minería informal.

Exigimos que se inicie la implementación de los acuerdos de manera integral.


Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA)

Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño

Continúa represión contra comunidades mineras del nordeste antioqueño


El pasado 2 de marzo de 2017 en las veredas Lejanías y Ojos Claros, jurisdicción del municipio Remedios en Antioquia, aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en cuatro helicópteros arribaron miembros del Ejército Nacional, personal del CTI, del Esmad, de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional quienes realizaron una operación contra lo que ellos denominan minería ilegal y un “golpe contra las finanzas del ELN” quienes supuestamente recibirían las comisiones de esta actividad.

Cabe mencionar que la subregión del Nordeste antioqueño es una zona en la que están ubicados Remedios y Segovia, municipios reconocidos por sus grandes reservas de oro y bienes comunes naturales. También ha sido históricamente una región golpeada por el conflicto social y armado debido a la disputa por el control territorial, económico, social y político por parte de los diferentes actores armados -legales e ilegales- y las empresas con intereses en la exploración y explotación desconociendo la posesión y propiedad de estos territorios colonizados desde hace más de 60 años por campesinos colonos.

Es por ello que la mayoría de los habitantes del nordeste antioqueño tienen como sustento económico la extracción de oro mediante la minería artesanal y la pequeña minería, sin contar con la capacidad económica para cumplir con los requisitos necesarios para legalizar su labor. Estos requisitos se facilitan para las multinacionales, mientras las normas no son flexibles para los mineros campesinos que se ven en la obligación de organizarse para ejercer la minería común.

Es importante también tener en cuenta que en los acuerdos de paz suscritos entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, el primero se comprometió a dialogar con las comunidades para normalizar las condiciones económicas y asignar recursos para los territorios colindantes con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).
El Estado justifica estos hechos como acciones contra la “minería ilegal”, pero están por fuera de lo dialogado el pasado 22 de febrero con representantes de la alcaldía de Remedios y la gobernación de Antioquia, cuando se acordó la formalización de la minería en la región y para ello se pactó un plazo de seis meses. Dicha reunión se suponía que era con el objetivo de avanzar en la implementación del acuerdo de paz, pero con estas acciones de represión se está violando lo acordado, incumpliendo con la palabra empeñada por las administraciones municipal y departamental.

Según la información recogida en terreno, durante la operación sorpresa se violaron derechos fundamentales de las comunidades minero-campesinas, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Durante los hechos, fueron detenidas arbitrariamente diez personas de la comunidad, entre ellas dos mujeres embarazadas y un niño de tres años, que fueron usados como escudo humano, previniendo un posible ataque del ELN. En la vereda Ojos Claros fueron detenidas arbitrariamente cuatro personas más, quienes fueron conducidas a Bucaramanga y privadas de su libertad.

Así mismo fueron destruidos e incinerados bienes civiles como retroexcavadoras y otro tipo de maquinaria y enseres que los mineros artesanales usan para acceder a mínimos vitales necesarios para la sobrevivencia de su familia, vulnerando el derecho al trabajo y la permanencia en el territorio. En el marco de los mismos operativos, unidades de la Policía y tropas del Ejército Nacional, allanaron ilegalmente las viviendas de campesinos y mineros artesanales robando herramientas de trabajo como una motosierra, veinte castellanos de oro (92 gramos), alhajas y otros bienes; fueron afectadas 70 familias aproximadamente. Se desconoce el acta del allanamiento y por lo tanto dicha conducta reincidente se constituye como hurto por parte de los funcionarios y servidores que hicieron parte del operativo.



Frente a los hechos, delegados de las juntas de acción comunal de las veredas en mención, del Comité Territorial de Paz y Acompañamiento Humanitario, de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) y de la Corporación Cahucopana llegaron a la finca en cuestión para corroborar la información, exigir la liberación de los pobladores y a manifestar los actos violatorios en los que estaban incurriendo las autoridades. Con estas acciones se alerta a las otras comunidades del país, especialmente en las que se enfatizaron los acuerdos de paz, por la falta de diálogo y coordinación de las diferentes instancias del Estado para poder hacer efectiva la implementación de los mismos.

Mientras los mineros artesanales en vía de formalización se esfuerzan para que la explotación sea más ecoamigable, pague impuestos y los recursos se queden en el país; son calificados como ilegales y se violentan sus derechos. De igual manera los territorios de mineros artesanales están solicitados o ya fueron adjudicados a trasnacionales para su explotación en calidad de concesión, por lo que el fin último no está en la formalización sino que el interés del Estado es expulsar a estos trabajadores de su territorio para así permitir la entrada de las trasnacionales.

Por lo anterior, es clara la contradicción entre lo que dicen los acuerdos de paz y los intereses de ciertos funcionarios a favor de las trasnacionales. Esa contradicción debe conducir a que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), revise esta situación y tome las medidas para que el Estado, como responsable de la implementación de los acuerdos, permita que los mineros artesanales se formalicen y sean protegidos de la voracidad del gran capital y de los funcionarios que sirven a tales fines, generando para ellos una “normatividad transitoria”.
El Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antiqueño exige al Estado:

1.     La libertad inmediata de los mineros que están siendo judicializados; 

2. La protección y garantía de los derechos humanos para toda la comunidad, y el cese de los operativos en contra de la pequeña minería; 

3. La reparación material e inmediata de los daños a los bienes civiles en correspondencia con la protección del derecho al trabajo y a la permanencia en el territorio; 

4. La sanción a los funcionarios que incurrieron en acciones ilegales, por fuera de su mandato o extralimitando su función; 

5. Respetar e implementar el Acuerdo Final entre el Estado y las FARC-EP, y entre los gobiernos municipal y departamental con la comunidad, lo que implica acciones para el desarrollo regional expresadas en el apoyo, acompañamiento y facilidades para la formalización de la minería; 

6. La coordinación de los diferentes órganos del Estado para que la implementación de los acuerdos sea posible y el diálogo permanente del Estado con las comunidades que conlleve lo antes posible a la construcción de los PDET que tengan en cuenta la particularidad de la explotación minera en la zona.

Se exige además a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI):

1.     Revisar la situación presentada, como ejemplo de lo que puede ocurrir en otros territorios, e impulsar una normatividad transitoria que proteja las economías informales desarrolladas en los territorios donde se implementarán más enfáticamente los acuerdos de paz. 

2. Instalar lo antes posible el sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de sus funciones que permita la participación de quienes ejercen la minería en municipios en los que la economía se basa en esta actividad, y que haga seguimiento a este tipo de hechos que vulneran los derechos de las comunidades y que atentan contra el acuerdo.




Comité Territorial de Paz y acompañamiento humanitario del Nordeste antioqueño Remedios-Segovia