lunes, 29 de febrero de 2016

Retaliaciones entre paramilitares

Foto: El Tiempo

Retaliaciones entre paramilitares causan nueva masacre en Segovia – Antioquia

La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño –Cahucopana– denuncia la violación de los derechos humanos que persiste en las cabeceras municipales de Segovia y Remedios en el departamento de Antioquia. Ya que el pasado 23 de febrero tuvo como expresión el asesinato de cuatro personas en el barrio 20 de julio de Segovia, acción realizada presuntamente por miembros del “Clan Úsuga”.

En 2012 se presentó una crisis humanitaria por los enfrentamientos entre diversos grupos ilegales paramilitares, denominados “pos desmovilización AUC” por la Defensoría del Pueblo, que involucró población civil rural y urbana. Debido a esta realidad ampliamente documentada por las organizaciones sociales, así como por el trabajo de denuncia e incidencia realizado por Cahucopana, el Sistema de Alertas Tempranas emitió el 3 de abril de este año el Informe de Riesgo N° 002-12AI para los municipios de Zaragoza, Remedios y Segovia. Con este informe se alertó sobre la situación de alto riesgo en la que se encontraba la población debido a la dinámica de confrontación armada entre estructuras paramilitares que se disputan el control del territorio: Los Urabeños y Los Rastrojos. Esta disputa es motivada por intereses económicos sobre la región que se concentran en el control de la explotación minera aurífera y el uso de la zona como corredor estratégico, y es facilitada por los altos niveles de abandono estatal y pobreza que predominan en la región manteniendo a sus pobladores rurales en situación de confinamiento.

Pese a que la Defensoría del Pueblo emitió una serie de recomendaciones que debían ser adoptadas por las entidades del orden nacional, regional y local para mitigar el escenario de riesgo y brindar garantías para la protección de los derechos humanos de las comunidades rurales y urbanas de estos tres municipios, con énfasis en poblaciones identificadas en alto riesgo como los mineros artesanales; hasta el momentos y a pesar de que Cahucopana persiste en la interlocución con las instituciones encargadas de tomar las medidas pertinentes frente a este caso, no se han llevado a cabo acciones que protejan a la población y hagan efectivo el derecho a la vida.

Fue así como el pasado 23 de febrero en el barrio 20 de julio del municipio de Segovia, aproximadamente a las 4: 00 pm, fueron asesinadas cuatro personas identificadas como Óber Díaz Guerrero, de 23 años; Esnéider Torres Fonnegra, de 25 años; Brayan Steven Montaño, de 20 años y el menor de edad Samuel Emilio Gómez Zapata, de 17 años. En este hecho también resultó herida una persona más.

Una de las hipótesis que se manejan afirma que el hecho sucedió por la retaliación entre bandas criminales y grupos paramilitares. Las víctimas, según los medios de comunicación, se encontraban reunidas para conformar una nueva estructura criminal.

Ante estos hechos que irrumpen con la tranquilidad de los pobladores de Segovia y que contribuyen a la agudización de la crisis humanitaria y la vulneración de los derechos humanos, Cahucopana hace el llamado al Gobierno Nacional para que de manera urgente se desmonten las estructuras paramilitares y se combata a todos aquellos actores delincuenciales generadores de violencia, además que se brinden las garantías de seguridad necesarias para el respeto a la vida y la permanencia de las comunidades mineras y campesinas en la región.


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