miércoles, 5 de julio de 2017

Carta abierta a Luis Pérez - Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz territorial

Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz territorial

Señor gobernador, doctor Luis Pérez:

Lamentamos mucho las afirmaciones que realizó en la rueda de prensa del pasado 27 de junio en el marco del Consejo de Seguridad [1] sobre el proceso de implementación en el departamento de Antioquia. Ese mismo día, mientras las comunidades celebramos el nuevo paso hacia el fin del conflicto con la dejación de las armas FARC-EP, la gobernación de la cual esperábamos fuese principal promotor de la implementación, la vimos distante, descoordinada, contradictoria y ajena de las acciones que se llevan a cabo desde el nivel nacional por el gobierno y las FARC, y desde nivel territorial desde las organizaciones y comunidades, financiadas y acompañadas por la comunidad internacional. Qué afirmaciones tan desacertadas.

En primer lugar, porque se evidencia que desconoce totalmente el contenido del Acuerdo Final, las acciones que se venían implementando incluso antes de la firma final, las instancias creadas de seguimiento a la implementación y las formas de veeduría. Por ejemplo, las aseveraciones frente a los planes de sustitución que se han venido implementando en el municipio de Briceño, articulados al desminado y que está siendo asesorado desde organizaciones internacionales. La sustitución incluye un asesoramiento en la implementación de los proyectos productivos de las familias que, obviamente, son proyectos de cultivos lícitos. Es irrespetuoso hasta con la comunidad internacional insinuar que, a pesar de estos esfuerzos, las familias beneficiarias van a desviar los recursos de la sustitución en cosas ilegales. Además, no entendemos por qué plantea “…Briceño, para la gobernación, sigue siendo un territorio muy sospechoso”. Desde cuándo, ¿cómo y por qué los territorios son sospechosos? Esta afirmación la hace bajo el argumento de que la gobernación de Antioquia no ha sido tenida en cuenta en la implementación, pero más adelante plantea que ha hecho recomendaciones a Sergio Jaramillo y al presidente en otros aspectos. Al fin qué, ¿sí se articula la gobernación con el nivel central, o no lo está haciendo?

En segundo lugar, plantea que milicianos de las FARC continúan delinquiendo en los territorios, partiendo de un supuesto y es que la gobernación no conoce los listados de milicianos ni la totalidad de estas personas. Le recordamos que tanto la ONU como la Registraduría han llevado a cabo procesos de identificación y cedulación de las personas de las FARC, consolidando los listados que estarán en todo el proceso de reincorporación y que deben pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que además incluye a los miembros armados y milicianos, los cuales en la actualidad tienen la obligación de respetar la normatividad legal vigente, al estar en proceso de reincorporación. Si tiene información sobre acciones ilegales de estas personas, si tiene las evidencias y quejas ciudadanas, que según afirma, señalan “donde están todavía trabajando y movilizándose en el tema de coca”, lo invitamos a que, en cambio de deslegitimar el proceso de implementación en nuestros territorios, realice formalmente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, el secretario de la JEP, la CSIVI, y el CNR, para que se tomen las acciones pertinentes frente a estos hechos.

En tercer lugar, no estamos de acuerdo en que públicamente haga afirmaciones tendenciosas que se convierten en herramientas, en armas por medio de la palabra, para deslegitimar y desvirtuar un proceso que ha iniciado y del cual esperamos culmine exitosamente con la implementación integral del Acuerdo Final. Por ejemplo, señalar que las zonas veredales fueron ubicadas estratégicamente en las rutas ilegales de comercialización, insinúa que el propósito de las FARC es continuar con actividades ilegales e ilícitas. Esto pone en duda la palabra de las FARC y desconoce los esfuerzos que están realizando, por ejemplo, con los proyectos productivos que se están implementando en las mismas zonas. Estas actividades las conoce el Estado y son acompañadas por diferentes instituciones que hemos visto llegar, por fin, a nuestros territorios. Así mismo, proponer instalar dentro de las Zonas Veredales batallones del Ejército y estaciones de policía, evidencia aún más su desconocimiento frente a dos cosas: por un lado, del Acuerdo y de los protocolos establecidos para la dejación de armas y la reincorporación; por el otro, que a pesar que se ha dado la militarización de los territorios, en el último año y medio han ido en aumento las violaciones de derechos humanos y se ha producido desplazamientos internos.

Nos gustaría mucho que fuese igual de vehemente contra los grupos paramilitares que están constriñendo y amenazando a las comunidades, que fuera tan atento con los casos de investigación de nuestros líderes asesinados y amenazados, que se pronunciara más en la inversión social y menos en la militarización de la vida, más aún en nuestros territorios donde no hemos tenido respuesta de una ruta, una política pública clara para la formalización de la pequeña minería. Por ello cuando usted plantea que las vicealcaldías van a INVESTIGAR, tememos que los funcionarios terminen investigando a los pequeños mineros y, en cambio de garantizar la permanencia en los territorios, se fomente el despojo legalizado por sus acciones.

Hablar desde la capital del departamento en una cómoda silla y sin preocuparse porque en cualquier momento lleguen armados a asesinarlo a usted y su familia sin poder comunicar esto a nadie, es muy fácil. Pero vivir en nuestros territorios, territorios llenos de incertidumbre en los que SÍ llegan los helicópteros (al contrario de lo que usted plantea) no con acciones sociales para las comunidades, sino como parte de operativos militares contra nuestras economías, hace que tengamos la legitimidad de exigir el respeto a la implementación de los Acuerdos como forma de alcanzar la paz territorial.

Le recordamos que es obligación del Estado hacer presencia en los territorios, no solamente con presencia de la fuerza pública, y el Acuerdo brinda las formas y oportunidades para que esto suceda, para que el Estado llegue de manera integral haciendo efectivo todos los derechos. Para nuestras comunidades una casa de la cultura donde nunca ha habido una sí tiene sentido (nuevamente al contrario de lo que usted plantea), y tiene mucho sentido, porque involucrar a nuestros jóvenes en actividades deportivas y culturales ha sido parte de la alternativa para la prevención del reclutamiento, en medio de un contexto donde la falta de oportunidades en la educación y el trabajo hace más vulnerables y fácil de reclutar a nuestros jóvenes, cuestión que están aprovechando los ilegales que han llegado a nuestro territorio.

Tal vez si conociera esta Antioquia profunda, tal vez, sería más conciente de lo que realmente necesitamos en nuestros territorios y lo que realmente sucede en ellos. Participamos activamente en la construcción del Acuerdo Final en los espacios que se abrieron y creemos que es una oportunidad que no podemos dejar de pasar, por eso lo invitamos a que se lea el acuerdo y se acerque a las entidades nacionales y territoriales que abanderan los procesos de implementación. Por ahora Gobernador, desarme la palabra y actúe para construir la paz.

Cordialmente,
Corporación Cahucopana





jueves, 29 de junio de 2017

Entrada de la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo: hecho histórico que alimenta esperanzas

Entrada de la Unidad Especial para el desmonte del paramilitarismo: hecho histórico que alimenta esperanzas

Vereda Cañaveral. Foto: Cahucopana

El pasado 14 de junio, funcionarios de la recién creada Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de los grupos paramilitares, creada por el Decreto 898 emitido el 29 de mayo de 2017, llegó por primera vez a la zona rural de Remedios (Antioquia), territorio que en muchas ocasiones ha sido reconocido por el frecuente accionar del paramilitarismo. El objetivo de esta visita fue recolectar las denuncias de los delegados de las Juntas de Acción Comunal y víctimas de hechos recientes, que han evidenciado el fortalecimiento de estas estructuras en la región. Las comunidades del Nordeste Antioqueño están a la expectativa de los alcances que tenga esta Unidad.

Recordamos que, según el acuerdo, el mandato de esta Unidad “(…) será la investigación, persecución y acusación de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, violencia sistemática en particular contra las mujeres, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Dichas conductas no pueden ser analizadas abstraídas de las realidades e intereses sobre los territorios. Entonces se hace necesario observar a los actores que aquí históricamente se han encontrado. Por un lado, las empresas legalmente constituidas que tienen el monopolio legal de la explotación aurífera, a pesar de las inconsistencias en seguridad, protección ambiental, y vulneración de los derechos de los trabajadores, entre otros; y las comunidades que, a pesar de los intentos de desplazamiento y despojo, han resistido y son defensores de la permanencia en el territorio el cual llevan colonizando desde hace más de medio siglo.

Nos hubiera gustado difundir y socializar más ampliamente esta visita por la connotación en términos del avance en los territorios de la implementación de los acuerdos, pero tememos por las represalias contra nuestras comunidades, así como las que se puedan dar contra los mismos funcionarios de la Unidad. Aun así las comunidades y Cahucopana ven esta entrada, la primera, como un hecho histórico que alimenta las esperanza.

Saludamos los esfuerzos institucionales y el apoyo internacional a esta Unidad, esperamos el fortalecimiento de la misma en función de la investigación, esclarecimiento y sanción, especialmente a quienes promueven y financian dichas estructuras, en función de los intereses económicos particulares que hay sobre las riquezas que aquí se hallan y para la protección de quienes históricamente han defendido el territorio. Identificar esto hace parte de las garantías de no repetición y de la construcción de la paz territorial.




viernes, 16 de junio de 2017

Vicealcaldías de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho


Vicealcaldías de seguridad, intento de suplantar el Estado Social de Derecho

Riesgo de criminalización a la pequeña minería


Foto: Cahucopana

Sin sorpresas y después de más de un año en el que el gobierno departamental de Antioquia, en cabeza del gobernador Luis Pérez, anunció el impulso de las vicealcaldías de seguridad y convivencia; ahora se conoce que el pasado 7 de junio se creó normativamente esta figura que tienen como objetivo coordinar la presencia institucional de educación, salud, convivencia y políticas sociales en los municipios afectados por el conflicto en Antioquia. Las primeras vicealcaldías que empezarán a funcionar serán en los cinco municipios que actualmente albergan Zonas Veredales Transitorias de Normalización y dos más en Segovia y Briceño, con el visto bueno de los respectivos alcaldes.

A pesar de que actualmente no se conoce a cabalidad el contenido de la norma, la Corporación Cahucopana expresa a la opinión pública, nacional e internacional, a las instituciones y a las organizaciones del territorio sus preocupaciones frente a esta figura ya que, desde el punto de vista de la Corporación, pretende suplantar la institucionalidad en cabeza de las alcaldías municipales como un intento de generar dinámicas similares a las que en otros tiempos se conocían como brigadas cívico-militares. A partir de la presentación enviada por el gobernador Luis Pérez al presidente Juan Manuel Santos, se exponen a continuación los argumentos para rechazar esta figura que a simple vista es inconstitucional.

El argumento de la necesidad de esta figura se basa en la ausencia institucional en los territorios. Esta afirmación es falsa en cuanto desconoce dos dinámicas que se dieron en los territorios en el marco del conflicto armado ya que, no sólo los armados eran institución, sino también las comunidades; incluso se enfrentaban a los actores armados -por medio del diálogo y la interlocución-. Así se constituyeron las Juntas de Acción Comuna (JAC), algunas legalmente y otras en proceso de formalización. Estas juntas, que funcionan también organizadas en comités de convivencia, ambientales, de jóvenes, de mineros, de chatarreras, de carreteras; funcionan de acuerdo a las dinámicas veredales, tienen tareas concretas y cumplen el papel de Estado en tanto garantizan los derechos fundamentales de los habitantes. De esta manera se construyeron escuelas, puestos de salud, carreteras y se salvaron vidas en muchos momentos. De hecho las JAC, como institucionalidad, suplieron las acciones del Estado ya que la única presencia del Estado fue a través de la Fuerza Pública. Por medio de acciones, acercamientos e interlocución con los alcaldes de turno, con movilizaciones y paros, se exigió la presencia integral del Estado. La ausencia de la institucionalidad fue una causa estructural del conflicto, y se espera solventar esta dificultad con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Tal como lo expuso en su intervención Luis Pérez el 7 de junio, quienes van a asumir las vice-alcaldías son militares retirados ya que se ubicó la figura jurídica para la contratación de militares activos. Es preocupante la insistencia en que dicha figura deba asumirse desde el área militar, desconociendo también que la construcción de confianza con la Fuerza Pública es un proceso largo que hasta ahora se está iniciando, y que debe fundamentarse en los principios de verdad y justicia, contrarrestando los altos índices de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos por los cuales militares han sido responsables en las regiones, por acción u omisión. Ejemplo de ello es la persistencia en los territorios del paramilitarismo que ha aumentado a pesar de la alta militarización de los territorios. Por el contrario, la Fuerza Pública se ha dedicado a la persecución de las economías informales (minería) e ilícitas (siembra de coca) a pesar de estar dispuestos a participar en procesos de sustitución voluntaria, en concomitancia con la gobernación de Antioquia. Con estos antecedentes ¿Qué garantiza que los militares (retirados) no estén en los territorios realizando inteligencia en función de despojar a habitantes que viven de economías informales e ilícitas?

En los territorios se han presentado ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado; ante esto las comunidades se han organizado e impulsado medidas de autoprotección para garantizar la permanencia en el territorio. La resolución 1085 de la Unidad Nacional de Protección denomina este tipo de acciones como medidas colectivas y diferenciadas; sin embargo el Gobernador desconoce y deslegitima estas acciones aumentando la militarización en las regiones con estas vicealcaldías de seguridad.

La creación de las vicealcaldías en Antioquia es una decisión arbitraria que contradice el ordenamiento jurídico colombiano e incluso puede poner en riesgo la democracia como principio supremo de la Carta Política, en la medida que entra en contradicción con las decisiones y políticas públicas desarrolladas por los alcaldes que fueron elegidos mediante voto popular.

Finalmente, no se encuentra sentido en el objetivo de estas figuras en cuanto a las actividades que pretende impulsar los vicealcaldes y el cuerpo de paz con supuestas intervenciones en salud, educación y cultura enfocados en “seguridad y convivencia”, ya que la exigencia de las comunidades es la garantía efectiva de estos derechos, no como lo intentó el Estado con las Brigadas cívico-militares, sino de manera permanente y con calidad. Es una deuda histórica que se espera sea saldada con la construcción participativa e implementación de los PDET´s.